J. V. – Madrid – 26/07/2010
Se acabó la fiesta. La drástica caída de los ingresos tributarios obligan a la Administración Pública a replantearse su gestión. Profundizar en la colaboración con el sector privado, priorizar la eficiencia, potenciar las nuevas tecnologías y establecer medidas de control del gasto más estrictas fueron las principales ideas que salieron del desayuno organizado por CincoDías y KPMG con representantes de las tres administraciones. El debate giró en torno a la adaptación del sector público al nuevo escenario económico.
«Va a ser la época de los gestores. Se empezará a gestionar la Administración Pública con criterios de empresa y económicos», vaticinó el socio de Sector Público del área de asesoramiento de Negocio y Tecnología de KPMG, Lorenzo Sánchez, que moderó el debate. Su opinión fue compartida por el alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, que defiende introducir nuevas formas de gestión en el ámbito político. Los menores ingresos impiden a los distintos gobiernos acometer grandes inversiones que sirvan para tirar de la economía. Ante ello, el viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, como el director general de Evaluación y Reforma Administrativa de la Xunta de Galicia, Jaime Bouzada -ambos del PP- defendieron con vehemencia las ventajas de la colaboración público-privada. «Con ésta fórmula hemos construido ocho hospitales en Madrid», apuntó Ossorio.
Sánchez, de KPMG, resaltó que a través de la colaboración público-privada no sólo se puede recortar el gasto sino también generar ingresos y recordó que con esa política se han cimentado «gigantes multinacionales españoles». Con todo, el director general de Organización Administrativa y Procedimientos del Ministerio de Presidencia, Agustín Torres, respondió que aplicar criterios puramente empresariales en ciertos ámbitos resulta contraproducente. «Dios nos libre de los criterios economicistas en la gestión política», sentenció.
Más allá de las discrepancias, todos los participantes convergieron en que la crisis ofrece la oportunidad de realizar reformas. En este sentido, los representantes de la Administración Pública destacaron «la imperiosa necesidad» de incrementar la eficiencia. O, dicho de otra forma, de hacer más con menos. «Se debe introducir la eficiencia de la gestión privada al sector público», opinó Ossorio, de la Comunidad de Madrid. El representante de la Xunta de Galicia, Jaime Bouzada, apostó por potenciar las nuevas tecnologías para «liberar de cargas a los ciudadanos.» Además, defendió que las tres administraciones -central, autonómica y local- se coordinen para evitar duplicidades. En este sentido, desde Presidencia del Gobierno, Agustín Torres recordó que las reducciones de cargas administrativas emprendidas por el Gobierno permitirán hasta 2012 ahorrar 15.000 millones de euros a empresas y ciudadanos».
La tecnología está para utilizarla
Lorenzo Sánchez remarcó que resulta innegable que la administración ha destinado notables partidas en modernizar la tecnología, aunque criticó que muchas veces ésta no sirve para facilitar la vida al ciudadano. Y alertó de que el DNI electrónico, «que ha supuesto una inversión millonaria», tiene un uso muy limitado. Además, insistió en que las nuevas tecnologías, aparte de ahorrar, también deberían generar mayores recursos para la administración.
Torres reconoció que hay ámbitos donde se debe mejorar pero quiso poner en valor experiencias de éxito. Citó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que, gracias a nuevas aplicaciones informáticas puede aprobar en 24 horas el permiso para comercializar un producto. Antes, esa gestión duraba entro dos y tres meses.
Si bien Torres reconoció que «se puede trabajar de otra manera», rechazó «tocar el gasto social». El alcalde de Pozuelo apuntó en la misma dirección: «Estamos aquí para servir y lo último es reducir las protecciones sociales».
Sin embargo, mientras las partidas destinadas al Estado del bienestar crecen debido al envejecimiento de la población o al ineludible incremento de las prestaciones por desempleo, los ingresos tributarios caen. «El gasto importante está comprometido», advirtió Ossorio, quien recordó que la Comunidad de Madrid destina dos de cada tres euros del presupuesto a políticas sociales. Y atinó al indicar que buena parte de los ingresos públicos de los últimos años tenía un carácter coyuntural. Sin embargo, ese aumento de la recaudación -muy ligada al sector inmobiliario y constructor- llevó a la Administración «a generar un nivel de gasto estructural». Ossorio reclamó una reflexión general y no descartó que, quizás, las comunidades autónomas deberían renunciar a competencias como la Justicia.
En cualquier caso, tanto el representante madrileño como el gallego indicaron que resulta contraproducente elevar los impuestos en momentos de crisis y criticaron la subida del IVA impulsada por el Gobierno central. «Somos la comunidad autónoma que más hemos bajado los impuestos y estamos orgullosos de ello», defendió Ossorio. El alcalde de Pozuelo, también del PP, aseguró que no se plantea subir tributos como el IBI, el principal impuesto local.
Ossorio reclamó la supresión de la vicepresidencia territorial y de dos ministerios. «Sé que es poco dinero, pero se trata de una cuestión de principios», apuntó. Bouzada, de la Xunta, incidió en la necesidad de controlar cada organismo público. «Soy partidario de las evaluaciones de eficiencia y deberían extenderse a todo tipo de entes públicos».
Si bien los representantes políticos defendieron que la gestión pública se rija por criterios de austeridad y de eficiencia, la duda ahora es si esta cultura del ahorro se mantendrá en las tres administraciones cuando la crisis económica quede atrás.
