Los asesores municipales, los analistas y los fiscalistas coinciden en que los alcaldes preparan alzas fiscales. Se ven abocados a ello por la penuria de sus arcas.
La campaña electoral local ha comenzado, dando el pistoletazo de salida al martilleo de promesas favorables al contribuyente. Pero el escenario que se avecina tras el horizonte del 22 de mayo alberga un obstáculo importante: los ayuntamientos se verán abocados a subir impuestos, de forma generalizada, para recaudar más.
Los asesores de los alcaldes consultados por EXPANSIÓN aseguran que hay muchos consistorios que preparan ya las subidas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Gane quien gane en las urnas.
No en vano, los meses posteriores a las elecciones –sobre todo, el año siguiente– son los más apropiados para acometer las medidas impopulares, ya que, evidentemente, causan un menor impacto sobre el voto que si se realizaran justo antes de los comicios.
Para empezar, los fiscalistas avisan de que el IBI subirá en Madrid y Barcelona, ya que ambas ciudades actualizarán las ponencias catastrales. Y el valor catastral es la base imponible del IBI. De hecho, la capital de España ya prepara su nueva ponencia. Tiene más de 2,1 millones de inmuebles, que se verán afectados en su totalidad por esta actualización. Aunque ésta se hará de forma progresiva, supondrá aumentos de más del 20% y, en algunos casos, del 100%, que luego pesarán en la cuota líquida del IBI.
A Madrid le seguirá la ciudad condal, que es la ciudad de España en la que se paga más IBI, según un estudio de Consumer: una familia de clase media (con un piso de 100 metros cuadrados) paga 589 euros al año en concepto de IBI, 160 euros más que Madrid (429, un 70% más que cuatro años antes).
Pero no sólo Madrid y Barcelona buscarán alivio económico en el bolsillo de sus contribuyentes. Los consistorios medianos deben suplir los ingresos de la burbuja inmobiliaria con más recaudación y menos gasto. Mientras no se reforma la financiación local y los municipios siguen asumiendo competencias impropias por las que no reciben ingresos, la vía de las subidas fiscales es la opción.
Así lo revela, por ejemplo, Lucio Rivas, director de Gabinete de Urbanismo y Administración Pública, asesor jurídico de un ramillete de consistorios: “Ya estudian una subida generalizada de los tipos del IBI y de otros impuestos que puedan. Las medidas impopulares se harán tras las elecciones. Los tipos impositivos evidentemente se van a tocar”. Otros asesores aseguran, de forma anónima, que el alza será “ya una realidad en 2012”.
Sin otra solución
El presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), Jesús Sanmartín, apunta: “Está cantado que el IBI se va a subir de forma general, porque tal como está de constreñido el sistema tributario de las haciendas locales no queda otra solución”. “En el IBI es donde se vislumbra más clara la subida”, reitera.
“Precisamente [una parte de] la Ley de Economía Sostenible (LES) se hizo para subir el IBI”, apuntan otras fuentes fiscales. De hecho, la LES le confiere más poder al Catastro.
Las corporaciones locales han incumplido sus previsiones de ingresos tributarios, y ese desajuste “se tiene que suplir de otra manera”, ya que los gastos son más o menos los mismos, pero los ingresos no son los previstos, agrega Rivas.
Subidas impopulares
“Es prácticamente imposible que los alcaldes que salgan elegidos [el 22-M] bajen impuestos, por las circunstancias. Además, para conseguir votos hay que dar más prestaciones, y éstas cuestan votos”, agrega Sanmartín.
El presidente del Consejo de Economistas Valentí Pich, cree que la posible subida fiscal está condicionada a la respuesta de la opinión pública: “Cualquier incremento generalizado de las cuotas de IBI puede acarrear una contestación social delicada. Espero que no se cometa ese error”. Y agrega: “El sistema impositivo no es flexible y no les permite a los alcaldes subir mucho el tipo del IBI”. Pero “van a ir a tipos mayores los que puedan”, apunta Antonio Ñudi, socio de Urbe Asesores Jurídicos. “Va a haber una oleada de subidas del IBI y del valor catastral tras las elecciones, además de un aumento de las sanciones por infracciones urbanísticas”, corrobora.
“Hace falta un salto cualitativo profundo de la fiscalidad local”, subraya Pich. Pero el Gobierno ha anunciado, por boca del secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, que hasta que no mejore la situación económica no se abordará la reforma de la financiación local.
Cabe recordar que los entes locales asumen competencias impropias –como la inmigración o la educación– por valor de unos 6.000 millones de euros. Ello aumenta la penuria de sus arcas. Además, la morosidad comercial de los ayuntamientos es elevadísima –más de 270 días de tardanza de pago, de media, y más de 35.000 millones de euros correspondientes a deudas vencidas– y necesitan ingresos para poder pagar esos adeudos.
(Noticia extraída de Expansión)
