En 2002 había en España 1.636 empresas públicas; en 2006, se contaban más de 3.000; ahora mismo, si hacemos caso a Rajoy, superan las 3.800. Los políticos autonómicos y locales han descubierto una manera muy fácil de colocar a simpatizantes, desviar deuda y darse publicidad.
España sufre desde hace unos meses de un grave problema de deuda pública. Las emisiones del Tesoro Público y de los distintos gobiernos autonómicos están pagando unos altos intereses, puesto que no todos los inversores se fían de la capacidad de la Administración de hacer frente a sus pagos. Para contener el déficit y rebajar la deuda, el Gobierno presentó en mayo el ya famoso tijeretazo, que congelará pensiones y rebajará los salarios de los trabajadores públicos. Junto a ello, numerosas comunidades han presentado planes de ahorro similares.
Sin embargo, hay un pequeño reducto que resiste a los recortes, al control de la administración y a la reducción de empleo: las empresas públicas. Son esas entidades de naturaleza híbrida, propiedad del poder público pero que compiten en el mercado (aunque muchas veces pagan sus deudas con cargo a los Presupuestos) y que se dedican a actividades tan diversas como el transporte ferroviario (RENFE), la producción de corcho (ver La Almoraima) o los seguros (por ejemplo, Cesce)…. La razón de la existencia de muchas de ellas es un misterio que quizás los políticos tendrían que explicar en algún momento.
En 2002, había en España 1.636 entidades de este tipo (ver el estudio publicado por el profesor José Manuel Prado en el número 47 de la revista Auditoría Pública). En 2006, su número ascendía a más de 3.600. Y cuatro años después, superan las 3.800. Es decir, que en ocho años han crecido por encima del 130%, aunque es difícil dar una cifra exacta porque no hay un registro central que las agrupe a todas.
Mariano Rajoy aseguró este martes que habría que eliminar al menos «la mitad de la mitad» de las empresas públicas: «Es ridículo congelar las pensiones, por ahorrarse 1.500 millones de euros, cuando en España existen 3.800 empresas públicas y entes públicos fundacionales, que deben el 4,8 por ciento del PIB».
Esta denuncia del presidente del PP toca en uno de los puntos más polémicos de las empresas públicas: la deuda. Según los últimos datos del Banco de España, estas entidades deben más de 52.000 millones de euros, lo que supone más de un 5% del PIB. De esta cifra, 27.327 millones (2,6% del PIB) es deuda de las empresas dependientes de la administración central; 16.248 millones (1,5%) de las compañías públicas regionales; y 8.449 millones (0,8%) de las creadas por las corporaciones locales. Las cifras son altas, pero destacan aún más si se tiene en cuenta que en 2004 esta deuda no superaba el 2,3% del PIB.
A pesar de que en los datos absolutos, las entidades de la administración central siguen siendo las más endeudadas, son las autonomías y los ayuntamientos los que han provocado la gran explosión de nuevas empresas públicas que se ha producido en el último lustro. Según se puede ver en la siguiente tabla, en 2002 había 335 entidades estatales (empresas, fundaciones y consorcios) y en 2006 habían crecido hasta las 348, un aumento moderado. Mientras, las autonómicas pasaban de 589 a 1690 -¡una subida del 186% en cuatro años!- y las municipales de 712 a 1.628 –incremento del 128%-.
Empresas Públicas 2002-2006 (Fuente: Auditoría Pública)
Además, esta dinámica no sólo se demuestra en el número de empresas, sino también en su peso en los presupuestos de los entes públicos y en su endeudamiento. Las compañías de las CCAA debían 1.698 millones en 1995, una cifra que se ha multiplicado por diez en 2010. Mientras, las de las corporaciones locales han pasado de deber 1.469 millones en 1995 a 8.449 millones en este ejercicio.
Tampoco todos los gobiernos regionales son iguales. Cataluña, por ejemplo, lidera con muchísima diferencia la clasificación. Sus empresas acumulan una deuda de 7.635 millones, un 3,9% del PIB de esta autonomía. La siguen las entidades castellano-manchegas con una deuda del 2,9% del PIB y las valencianas, con un 2,4%.
Deuda de las empresas públicas por región (% del PIB) (Fuente: Banco de España)
Las razones
La querencia de los políticos españoles por la creación de empresas públicas tiene numerosas explicaciones.Los partidos alegan muy diversas motivaciones, desde el mantenimiento de puestos de trabajo, el impulso a nuevos sectores productivos. Sin embargo, simplemente con ver la lista de que aparece en el Inventario de Entes del Sector Público Estatal, es fácil darse cuenta de que ninguno de esos argumentos tiene una base muy sólida. Y eso sin entrar a valorar las muy curiosas actividades a las que se dedican los entes regionales y municipales.
Por eso, como explicación resulta más creíble la que ofrece Rafael Coloma (portavoz de Fedeca) en la entrevista que Libertad Digital publicaba este miércoles: «Un político lo que quiere es volver a salir elegido. Y lo más fácil para crear empleo, en un nivel territorial reducido, es crear una empresa pública. Das trabajo a 30-40-50 personas y sales a los medios diciendo ‘yo creo trabajo’. Además, lo que busca es salir del control de la intervención general del Estado y crea empresas bajo diferentes figuras: consorcios, fundaciones… Son entes sujetos a derecho privado en los que se ficha al personal bajo un contrato privado puro y duro. Luego, claro, nos encontramos todo lo que está ahí. Buscan satisfacer todo tipo de objetivos políticos fuera de control«.
Es decir, que las empresas públicas estarían siendo utilizadas para aumentar el clientelismo político, colocar a miembros del partido, crear puestos de trabajo artificiales que producen estómagos agradecidos, escapar de las estrictas normas de gasto de la administración y del control de los interventores públicos.
La privatización de los años 80 y 90
Sin embargo, es posible reducir el número de empresas públicas. Entre los años 80 y 90, el Estado acometió un proceso de reformas en su sector público empresarial que le llevó a poner en el mercado a compañías emblemáticas como Seat (año 1986), Iberia (1999), Tabacalera (1998) o Telefónica (varios años) entre muchísimas otras.
Según el estudio Empresa pública: privatización y eficiencia, publicado por el Banco de España, estas ventas supusieron más de 30.000 millones de euros. Además, los autores destacan que la privatización «un efecto positivo de la privatización sobre el stock de capital real, la ratio capital trabajo y la remuneración real de los trabajadores y negativo sobre el empleo, su endeudamiento y su cuota de mercado». Vamos que produjo empresas más eficaces, más productivas, menos endeudadas, que ya no son monopolios legales y que pagan mejor a sus empleados.
Seguramente los políticos españoles tienen muchas otras razones que oponer para mantener esas 3.800 empresas, esos 50.000 millones de deuda y los más de 500.000 trabajadores que están en sus nóminas. Pero si es así, tendrán que explicarlo muy bien a sus ciudadanos, porque viendo las cifras ésta es una realidad que, aunque se trate de ocultar, es cada vez más incomprensible.
Noticia extraída de Libertad Digital
