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Las administraciones deben a las empresas canarias 1.700 millones. Así lo afirmó ayer el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González Martín, quien pidió a las administraciones públicas que «reduzcan al máximo su morosidad con políticas de austeridad y eficiencia, ya que sus deudas con el tejido productivo son un freno a la recuperación económica y al mantenimiento del empleo», informó ayer la Cámara en un comunicado.
El titular de la Cámara, que participaba en la inauguración de unas jornadas jornada informativa sobre la Aplicación Práctica de la Ley contra la Morosidad en Operaciones Comerciales en Canarias, organizadas junto a la consultora Garrigues, comentó que «los 1.700 millones de euros que adeuda el sector público son una auténtica soga al cuello para muchas empresas canarias, que ven cómo la demora en los pagos es una condena al cierre».
Más de 200 empresarios se dieron cita en esta jornada que contó también con la participación del socio director en Canarias de la consultora Garrigues, Antonio Viñuela Llanos, y los especialistas en materia de Derecho Procesal de Garrigues, Leopoldo Cólogan, Carolina Román Montoto y Violeta Toste Cabrera.
Para el presidente de la Cámara de Comercio, la entrada en vigor de la Ley de Morosidad, que fija un plazo máximo de 30 días para los pagos de las administraciones públicas a las empresas, es una de las medidas más útiles y acertadas de los últimos tiempos. Aunque considera que mientras no se pongan en marcha los instrumentos financieros necesarios para que el sector público pueda cumplir con esta exigencia, se seguirá estrangulando la capacidad de inversión de muchas empresas canarias.
Canarias es una de las regiones con mayor índice de morosidad (6,8%) de todo el Estado. Concretamente, se coloca como la quinta comunidad autónoma con mayor tasa de morosidad detrás de Castilla La Mancha (7,7%), Valencia, Murcia y Baleares (7,3%).
«Reducir el tiempo»
Según explicó el socio director de Garrigues «reducir el tiempo que se tarda en cobrar una factura es uno de los principales objetivos de la reforma de la Ley de Lucha contra la Morosidad». Sin embargo, el presidente de la Cámara considera que no es fácil que las administraciones canarias cumplan con la ley a rajatabla, a pesar de que se contempla un periodo de adaptación que se extenderá hasta 2013, dada las importantes restricciones económicas que afectan al sector público, especialmente, a los ayuntamientos. Por lo tanto, González Martín insistió en que la limitación de plazo de pago para las administraciones públicas debe ir acompañada de una reforma del sistema financiero.
Según Garrigues uno de los aspectos que se incluyen en esta reforma que destacan como «positivos» es la supresión de la posibilidad de establecer un pacto entre las partes con plazos de pago más elevados que los establecidos por la ley.
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