El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha anunciado que propondrá a la Junta de Andalucía que sólo se realicen oposiciones libres para garantizar que cualquier ciudadano pueda tener acceso a trabajar en la Administración en las «mismas condiciones».
El líder andaluz de UGT reconoce su colaboración en las tropelías del PSOE en la contratación pública desde 1982 y propone oposiciones libres… a partir del decretazo
El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha anunciado este miércoles que propondrá a la Junta de Andalucía, en la mesa de la función pública, que sólo se realicen oposiciones libres para garantizar que cualquier ciudadano pueda tener acceso a trabajar en la Administración en las «mismas condiciones», eliminando los concursos públicos que se realizan en la actualidad. Pero claro, estas oposiciones tendrían lugar después que hayan entrado en masa los 35.000 trabajadores que, según UGT, están colocados en las empresas, entes instrumentales y fundaciones que, gracias al decretazo, pasarían a la Junta en calidad de «laborales de agencia». De paso, Pastrana ha reconocido la participación de UGT en las tropelías cometidas por el PSOE en la contratación de empleados públicos desde su fundación. Y cómo no, será el PP, si gana las elecciones en 2012 y puede gobernar, el que deberá convocar oposiciones libres una vez tragados todos los «colocados» por el PSOE y los sindicatos durante casi una generación.
Pastrana ha asegurado que «no habrá ningún trabajador de la administración instrumental que vaya a terminar siendo empleado público de la Junta, si no es mediante un proceso de oposición libre», lo cual es manifiestamente falso, puesto que en el decreto del «enchufismo» se dice que todos ello pasarán a ser »laborales de agencia» de la Junta aunque si quieren ser funcionarios y/o laborales de la Junta deberán realizar pruebas de ascenso, que no de acceso.
La UGT, que en 30 años jamás ha defendido las oposiciones libres y en igualdad de condiciones para el acceso a la Función Pública, propone ahora a la Junta que «a partir de estos momentos no haya más que oposiciones libres, de tal manera que cualquier ciudadano, haya trabajado antes en la Junta o no, con contratos eventuales o trabajo en otras administraciones, pueda presentarse en igualdad de oportunidades». Esto es, una vez colocados los afectados por el decreto del enchufismo, vía libre a las oposiciones. Pero no ahora.
«Cualquier ciudadano que se presenta a una oposición debe estar en las mismas condiciones. Si aprueba una oposición será funcionario o personal laboral, pero no habrá un concurso-oposición en que se cuenten los servicios prestados con anterioridad», añade Pastrana, que insiste en la «igualdad de condiciones para los que están dentro como para los que están fuera». De este modo, Pastrana niega los propios actos de UGTque, desde siempre, ha defendido en la Junta de Andalucía la «mochila» de interinos y laborales, esto es, el tiempo prestado en la Administración como «puntos» positivos a valorar en las calificaciones finales..
Y añadió: «De este modo, se acabará con algo que ha ocurrido durante años en la Junta, la acumulación de sucesivos colectivos de interinos, eventuales, a los que tras muchos años de servicios se les ha tenido que firmar un acuerdo de estabilidad y establecer oposiciones por sistemas de concurso con ventajas frente a los otros», subrayó definiendo con toda claridad cuál ha sido el proceso de incorporación de personal público a la Junta de Andalucía a lo largo de casi 30 años.
Pastrana propone, como José Antonio Griñán, que el Gobierno traslade a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Junta la decisión y el decretazo, «la única ley que hay inmediata con capacidad de modificar el conjunto de normativas que supondría los cambios que UGT y CCOO proponemos a ésta y otras normas».
Igualmente, insistió sin señalar quiénes son los culpables de la situación -dado que en Andalucía sólo ha gobernado un único partido desde 1982-, en que hay dos maneras de reordenar la Administración, como son la privatización de servicios o la reordenación desde lo público, «ordenando las distintas fórmulas administrativas y pseudo administrativas que se han producido en todas las administraciones en los últimos 20 años y garantizando que los servicios esenciales no se pondrán en manos de empresas privadas que, al final, tienen que hacer negocio con un servicio público».
La autodefensa frente al desafío espontáneo de miles de empleados públicos
Tras la manifestación del 13-N de decenas de miles de funcionarios y laborales, Pastrana ha afirmado que la representatividad de UGT y CCOO para negociar sobre estos temas «no es discutible por nadie», en tanto que se establece en la legislación vigente de acuerdo a la definición de representación sindical. Así, Pastrana recuerda que esa representación por parte de ambos sindicatos supone la inclusión del 75 por ciento de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, «incluidos todos los afectados por el decreto de reordenación del sector público».
«Otra cosa es que haya organizaciones sindicales sin esa representación, que no se la otorgaron los trabajadores de la Junta en las elecciones sindicales y no les guste, pero eso es otra realidad», reitera.
De igual modo, deja claro que si finalmente el Gobierno andaluz no cumpliese con esos trámites establecidos se cometería «una ilegalidad, pero no ante los sindicatos sin representación en la mesa, sino ante CCOO, UGT y CSIF».
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