Según el Registro Central de Personal de la Administración, en España hay 2.698.628 empleados públicos. Sin embargo, según la EPA, hay 3.175.000 personas que declaran trabajar en el sector público. Es una diferencia de casi medio millón de personas: ¿qué hacen estos funcionarios ‘fantasma’?
En España hay dos maneras de medir cuántas personas trabajan para la Administración. En primer lugar, está el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que desde la última remodelación del Gobierno está en manos del Ministerio de la Presidencia. Ésta es una gran herramienta, de libre acceso y muy completa, puesto que no sólo indica el número total de trabajadores, sino también la administración para la que trabajan (estatal, autonómica, local o universitaria), su posición laboral (si son funcionarios, personal laboral u otro personal), su sexo, edad, categoría profesional, etc…
La segunda forma de conocer este número es acudir a la Encuesta de Población Activa (EPA), que distribuye a los ocupados españoles en diferentes categorías en función de su empleador. La tabla 1.3 de la EPA muestra a los trabajadores divididos según su «situación profesional»: empresario, miembro de cooperativa, ayuda familiar, asalariado del sector privado y asalariado del sector público.
La lógica dice que la cifra de esta última categoría debería coincidir con el total que refleja el Boletín Estadístico del Registro Central de Personal (RCP). Podría haber una ligera diferencia, por un error estadístico o porque algún entrevistado se equivocase (por ejemplo, que una persona que trabaje en una contrata de un ayuntamiento diga que es empleado público sin serlo).
Empleados Públicos según el Registro Central de Personal
Sin embargo, la discrepancia entre los dos datos es realmente grande y no puede atribuirse a ninguno de los anteriores factores. Así, según el RCP en España hay 2.698.628 empleados públicos. Mientras, la EPA nos dice que las personas que cobran de alguna administración superan ya los 3.175.000. Son más de 476.000 personas de diferencia entre una lista y otra. Y la pregunta que cualquiera se hace es: ¿dónde trabaja ese medio millón de funcionarios fantasma?
Lo primero que hay que explicar es que esas personas no son funcionarios. Es decir, no han pasado por una oposición. Ésta es una distinción que hay que hacer. Cuando se critica el tamaño del sector público, una salvedad que es necesario realizar, es que sólo la mitad, aproximadamente de sus empleados han aprobado una oposición. Quizás también haya demasiados funcionarios de carrera, pero al menos estos han tenido que pasar un examen, seguir unas normas para entrar en el cuerpo, se conoce su sueldo, se sabe dónde trabaja cada uno, etc…
Los funcionarios fantasma
El RGP registra a todo el personal al servicio de las administraciones: tanto funcionarios, como el personal laboral y el otro personal. Incluso, incluye a los empleados de diversas entidades públicas empresariales que dependen de la administración central como AENA, FEVE, Renfe o el ICO, entre otras muchas (ver anexo IV del documento adjunto).
Por lo tanto, no sólo es que no sean funcionarios, es que ese medio millón de trabajadores tampoco pertenecen a esas otras categorías de «personal laboral y otro personal» que muchas veces se critican, porque no tienen el mismo grado de control que la función pública tradicional.
Esas 476.000 personas son, en su inmensa mayoría, empleados de empresas públicas autonómicas y municipales, que son las que no están recogidas en ese RGP. Evidentemente, estos trabajadores sienten que su jefe es el «sector público», por se eso se incluyen en esa categoría cuando les pregunta la EPA. De hecho, su sueldo sale de los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma o el ayuntamiento donde residen. Sin embargo, no están en el RGP, hay mucho menos control sobre su contratación que sobre cualquier empleado de la administración (sea funcionario o personal laboral) y, además, su número ha crecido enormemente en la última década. Ahora, la pregunta es otra ¿por qué tenemos que pagar los contribuyentes españoles el sueldo de todos estos trabajadores públicos de los que se podría prescindir, puesto que no ocupan ninguna función esencial de las reservadas al Estado (educación, sanidad, etc…)?
Las empresas públicas
Los 4.000 entes que se agrupan bajo el epígrafe de Empresas Públicas están en el centro del debate en las últimas horas. Mariano Rajoy aseguró hace unos días que habría que eliminar al menos «la mitad de la mitad» de las empresas públicas: «Es ridículo congelar las pensiones, por ahorrarse 1.500 millones de euros, cuando en España existen 3.800 empresas públicas y entes públicos fundacionales, que deben el 4,8 por ciento del PIB». Y Esperanza Aguirre anunció el pasado jueves que dentro del Plan de Ajuste de la Comunidad de Madrid, suprimirá 19 entidades y 83 órganos colegiados, entre las que destacan la sociedad Campus de la Justicia, el Imade o Naturalcalá.
El número de empresas públicas se ha multiplicado en los últimos años, especialmente entre comunidades autónomas y ayuntamientos. En 2002 había 335 entidades estatales (empresas, fundaciones y consorcios) y en 2006 habían crecido hasta las 348, un aumento moderado. Mientras, las autonómicas pasaban de 589 a 1690 -¡una subida del 186% en cuatro años!- y las municipales de 712 a 1.628 –incremento del 128%-.
La deuda de estos entes también se ha descontrolado, pasando del 2,3% del PIB en 2004, a más del 5% en la actualidad. Y la mayor parte de la culpa de este crecimiento de los números rojos vuelve a estar en manos de ayuntamientos y comunidades autónomas.
La denuncia
Uno de los problemas cuando se habla de empresas públicas es que éstas cubren una infinidad de formas, tamaños, funciones, recursos y situaciones. Hay corporaciones, empresas, fundaciones, agencias, etc.; las hay rentables, deficitarias, grandes, pequeñas, conocidas, ignoradas, etc. El propio Estado central, aunque no ha aumentado su número en los últimos años, sigue manteniendo compañías dedicadas a actividades tan peculiarescomo la «producción de corcho» o la organización de «carreras de caballos».
El problema es que la situación en las autonomías es mucho peor, desde una óptica de reducción del gasto público. Libertad Digital ya ha publicado que Andalucía ya tiene más contratados en estas empresas que su número de funcionarios. Y esta comunidad autónoma, aunque es de las que encabeza el ranking de número de empresas y deuda, no es una excepción.
De hecho, en los últimos años, lo anormal es lo anunciado por la Comunidad de Madrid el pasado jueves. Entre los entes que se suprimieron estaban el Mercado Puerta de Toledo, S.A., el Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca o la Agencia Financiera de Madrid. Viendo sus nombres, cualquiera puede preguntarse ¿por qué estas entidades formaban parte de la administración regional hasta ahora? Y, ¿cómo estarán las otras regiones, en las que nadie ha tomado ninguna medida similar a la propuesta por Aguirre?
La respuesta a todas estas cuestiones quizás esté en las declaraciones de Rafael Coloma, portavoz de Fedeca, que hace sólo unos días aseguraba a LD que «Estamos volviendo a una administración pública propia del siglo XIX en la que cada vez que llega un partido mete a todo el mundo a trabajar».
Por eso, su denuncia sobre las empresas públicas era muy clara: «Se están creando empresas a nivel local o regional que no tendrían por qué existir, puesto que su función la puede desarrollar el sector privado. Un político lo que quiere es volver a salir elegido. Y lo más fácil para crear empleo, en un nivel territorial reducido, es crear una empresa pública. Das trabajo a 30-40-50 personas y sales a los medios diciendo ‘yo creo trabajo’. Son entes sujetos a derecho privado en los que se ficha al personal bajo un contrato privado puro y duro. Luego, claro, nos encontramos todo lo que está ahí. Buscan satisfacer todo tipo de objetivos políticos fuera de control. Las empresas de las CCAA han crecido de 2.100 a 2.800 en los últimos ocho años. Sólo el número de fundaciones en la administración local ha crecido un 1.475% entre 2002 y 2006».
Es decir, que los políticos locales y regionales que contrataron a esos 476.000 empleados públicos escondidos buscaban crear una red clientelar a su servicio. Es una malla empresarial fuera del control de los funcionarios de carrera, pero que se financia a través de los Presupuestos públicos. Y, además, supone una manera fácil y discreta de colocar a amigos, miembros del partido y familiares.
Si la realidad es así, y todos los números apuntan en esa dirección, es normal que los contribuyentes españoles tengan mucho miedo a estos fantasmas.
NOTICIA DE «LIBERTADDIGITAL»
