La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que mantendrán aJosé Luis Rodríguez Zapatero en el poder otro año y medio más tendrán un coste para las arcas públicas de un mínimo de 1.300 millones de euros. Los cálculos son aproximados, pues algunas de las partidas no han podido ser todavía cuantificadas económicamente, pero el incremento de las inversiones en País Vasco y las Islas Canarias no supondrá un gran avance para los ciudadanos de esas comunidades pues la mayoría de los servicios que cubrirá esos presupuestos ya estaba previsto con anterioridad.
Como ya informó LA GACETA, el acuerdo al que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado con los nacionalistas vascos es más importante por lo que no está escrito sobre el papel, que por el coste económico del mismo. El fondo de la cuestión, la “pacificación”, estuvo en esa mesa de negociación. Lo ha revelado el PNV y el presidente del Gobierno lo ha suscrito con los nuevos nombramientos ministeriales.
Esa partida no supondrá un deterioro de las arcas públicas, pero sí lo serán los casi 1.000 millones de euros que el Ejecutivo de Zapatero transferirá de forma adicional a Euskadi por los votos de los peneuvistas y que se destinarán mayoritariamente al desarrollo de las políticas activas de empleo.Esa partida supondrá una inversión de unos 500 millones. En infraestructuras el Gobierno vasco se embolsará alrededor de 120 millones, que se destinarán entre otras obras a la Y griega vasca y el puerto de Pasajes.
Además de las competencias en políticas de empleo, el Ejecutivo de Zapatero ampliará el autogobierno vasco con otras 19 transferencias que podrían suponer una inversión adicional de otros 300 millones de euros.
Aparte de todo lo anterior, ese traspaso de competencias lleva consigo la transferencia de personal de la Administración general del Estado a la comunidad autónoma. En concreto, para la inspección de trabajo el Gobierno central cederá a sus funcionarios y eso conllevará, a su vez, un incremento de la partida presupuestaria destinada al País Vasco.
“Fuegos de artificio”
Entre las concesiones pactadas por el Grupo Socialista y los diputados de PNV y Coalición Canaria se encuentran además unos acuerdos que un dirigente del Partido Popular calificó hace unos días de “fuegos de artificio” que no conllevan ningún coste económico, pero sí un alto precio político. El Gobierno concedió la semana pasada a los nacionalistas vascos una de sus peticiones más antiguas, la denominación exclusiva en euskera de las provincias del País Vasco.
La importancia de este acuerdo trasciende del tradicional intercambio de votos parlamentarios por incrementos en las partidas presupuestarias. Algo similar ocurre con la denominación de “aguas canarias” del mar que separa a los archipiélagos que componen las Islas Canarias.
En el acuerdo suscrito por PSOE y Coalición Canaria ambas formaciones se comprometen a llevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley para enmendar la ley correspondiente a las aguas nacionales “antes del 31 de diciembre del presente año”. Para ello, CC ha exigido que para integrar esa parte del mar en el territorio canario “se trace un contorno perimetral” entre los archipiélagos que es el que recibirá la denominación de “aguas canarias”.
Pero el pacto logrado por los diputados canarios no es, ni de lejos, tan jugoso económicamente como el logrado por el PNV. Y mientras el acuerdo con los independentistas vascos ha sido asumido como un golpe a la autoridad de uno de los barones socialistas más aplaudidos, Patxi López; el entendimiento entre PSOE y CC ha provocado la ruptura del pacto de Gobierno en las Islas. El PP rompió la entente porque considera que el convenio firmado por el Gobierno y CC no será provechoso para sus conciudadanos.
Aunque a priori ese pacto supondrá unos ingresos adicionales de 293 millones de euros para el Gobierno canario, en realidad, esa partida no supone una inversión tan cuantiosa.
En infraestructuras reales, como las ferroviarias, el Ejecutivo de Zapatero sólo invertirá 20 millones de euros el próximo año y eso, además, no es un logro de Coalición Canaria pues en el borrador de los presupuestos ya se incluía esa partida.
En políticas activas de empleo los canarios recibirán unos 152 millones de euros, pero en infraestructuras turísticas, sin embargo, tras el pacto Canarias recibirá menos de lo previsto, pasando de una partida de 45 millones de euros a otra de 42.
Muchas de las inversiones habían sido pactadas ya a través de convenios entre el Gobierno insular y el central y, así, los votos de CC a los Presupuestos no eran necesarios para garantizar esas partidas.
Pacto con el PSC
De acuerdo con el cuarto punto del texto firmado por la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, y el socialista José Antonio Alonso, el acuerdo recoge también el compromiso “del grupo parlamentario socialista/partido socialista de Canarias para participar e impulsar decididamente los trabajos para la reforma del Estatuto de Autonomía […] que complete las singularidades propias de Canarias y, en particular, las derivadas del hecho insular, dejando para el desarrollo normativo en una ley del Parlamento de Canarias la concreción del sistema electoral, tal y como se ha hecho en otras reformas”.
Este aspecto que parece de menor relevancia supone un punto de inflexión para la estrategia de los socialistas canarios que durante meses se han encargado de frenar la reforma estatutaria y ahora, debido a la decisión de su jefe de filas y para salvarle a él, tendrán que realizar un giro comunicativo difícil de explicar.
A principios de año el ahora eurodiputado Juan Fernando López Aguilarcalificaba esa reforma estatutaria de “tomadura de pelo” y sentenciaba: “No les vamos a consentir que mareen a los canarios con un debate que no va a ninguna parte y es una pérdida de tiempo imperdonable”. “Hay que centrarse en lo que preocupa a la gente, que es la recuperación económica, el manejo austero, decente y honesto del dinero público para que cumpla con sus objetivos sociales y la generación de empleo”.
Pero bajo ese esfuerzo de viraje inexplicable se esconde, además, un primer acercamiento entre los socialistas canarios y la coalición de cara a las próximas elecciones autonómicas.
Por último, otro de los puntos recogidos cuyo coste económico no es relevante es el que acuerda la creación “en el seno de la comisión bilateral de cooperación Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, una subcomisión para analizar la problemática del archipiélago canario en materia de costas”.
