El martes, la Cámara Baja deberá votar la convalidación del Decreto que regula el mercado laboral español, que fue aprobado la semana pasada por el gobierno.
Observadores políticos creen que el Ejecutivo, que no tiene la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, contará con una mayoría suficiente.
«No creo que el Gobierno tenga problemas para salvar la convalidación de este decreto ya que los partidos pretenderán, una vez que tienen un texto básico para analizar (el borrador), introducir modificaciones a cambio de ganar peso político», dijo un analista, que pidió el anonimato.
La reforma laboral sería convalidada sin el apoyo explícito de otros partidos, sino gracias a las abstenciones múltiples en el seno del grupo mixto y en los partidos nacionalistas, según una encuesta de RNE realizada el martes a primera hora.
Según las entrevistas llevadas a cabo esta mañana por RNE con prácticamente todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso, sólo 5 diputados procedentes de IU/ICV, BNG y Nafarroa Bai manifestaron su intención de votar en contra de la reforma frente a los 169 votos afirmativos del PSOE.
El campo de las abstenciones comprenderá parlamentarios del País Vasco y de Coalición Canaria a los que se podrían sumar las de los nacionalistas catalanes, de ERC y del principal grupo de la oposición, el PP, que con sus 154 parlamentarios no quiso revelar esta mañana su intención de voto.
No obstante, todos los grupos expresaron su confianza en introducir cambios significativos en los próximos meses en la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, que además de bonificaciones para los contratos indefinidos prevé una mayor flexibilización en el seno de las empresas y un despido más barato.
Según el texto de la reforma laboral enviada ayer al Congreso y publicado hoy por algunos medios, la reforma laboral propiciaría la firma de 2,37 millones de nuevos contratos indefinidos entre 2010 y 2011 y costaría al erario público unos 740 millones de euros en los próximos tres años, debido en parte a la subvención de los despidos.
Al convalidarse con tramitación con rango de Proyecto de Ley, el Decreto permite la concurrencia de los distintos grupos políticos parlamentarios en la elaboración del texto. Aquellas medidas incluidas en el Decreto entraron ya en vigor tras la publicación en el BOE una vez aprobado por el Consejo de Ministros.
En el caso de que el Congreso no convalidase el Decreto, éste tendría que retirarse, lo que significaría un revés político de gran envergadura para el Gobierno.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha defendido la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo con el argumento de que está diseñada para modernizar el mercado laboral en respuesta a los nuevos retos económicos y sociales.
Pero los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), han expresado su rechazo frontal a esta nueva normativa con la convocatoria de una huelga general el próximo 29 de septiembre.
Según los agentes sociales, este Decreto menoscaba los derechos fundamentales de los trabajadores al contemplar un abaratamiento del despido.
En un sentido contrario a los sindicatos, los empresarios también han criticado la reforma laboral por no abordar los aspectos más controvertidos del mercado laboral.
Por su parte, el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que siempre ha defendido la indexación de los salarios a la productividad, ha sido criticado por Corbacho por hacer un análisis parcial del asunto.
«Según el Gobernador del Banco de España, el mercado financiero y la falta de créditos no han tenido nada que ver y todo el problema está en la negociación de los convenios colectivos. No se puede ser más parcial en un análisis», dijo Corbacho en una entrevista divulgada el lunes por El Mundo.
Sin embargo, tanto esta reforma como las de contenido fiscal adoptadas recientemente por el Gobierno han recibido el beneplácito de Europa y del Fondo Monetario Internacional, que las han calificados de necesarias y valientes.
