José Luis Rodríguez Zapatero se propuso refrescar la política española en 2004 contraponiendo su “talante” a la mayoría absoluta de José María Aznar. Sin embargo, el estilo del líder socialista, una vez investido presidente del Gobierno, se volvió mucho más autoritario de lo esperado. En sus primeros cuatro años aprobó más decretos-ley que el último Gobierno del PP, y recuperó la potestad para vetar en el Parlamento las propuestas de la oposición, inactiva desde la época de Felipe González.
En su segunda legislatura, Zapatero ha mantenido el gusto por los decretos-ley, una forma de legislar en principio reservada para asuntos de urgencia, pero que el Ejecutivo socialista ha utilizados para todo tipo de materias. También ha continuado censurando las iniciativas de la oposición, hasta el punto de que el PP ha recurrido ante el Tribunal Supremo el veto a sus enmiendas contra la congelación de las pensiones.
En total, el Gobierno suma 87 decretos y 79 vetos. Entre 2004 y 2008, la fórmula para legislar esquivando al Congreso y al Senado fue utilizada en 52 ocasiones. Tras la reelección, el Consejo de Ministros ha aprobado otros 35 decretos, muchos de ellos polémicos o sin una clara justificación de “extraordinaria y urgente necesidad” que marca la ley. Además, a estas iniciativas con rango de ley, que deben ser convalidadas, hay que sumar los numerosos reales decretos que resuelve cada ministerio.
Precisamente, el pasado mayo, Zapatero se jugó su continuidad en la Moncloa con el decreto para reducir el déficit y calmar a los mercados internacionales. Su convalidación en el Congreso, gracias a CiU, supuso el mayor recorte del gasto social de la democracia. El presidente socialista también acabó acometiendo la reforma laboral por decreto, padeciendo por ello una huelga general.
Los ejemplos de conflictos surgidos del recurso a esta forma de gobernar abundan. La prestación de los 420 euros a desempleados de larga duración fue aprobada como decreto por el Consejo de Ministros, pero el Ejecutivo tuvo que recular y negociar su contenido en forma de proyecto de ley. Y el fuego amigo alcanzó su máxima intensidad cuando Zapatero dio luz verde por decreto a la nueva normativa de la TDT, desatando la ira de los medios del Grupo Prisa, con Juan Luis Cebrián a la cabeza.
El veto llega al Tribunal Supremo
Por otra parte, el Gobierno ha vetado más de 40 iniciativas de la oposición desde 2008, y un total de 79 desde 2004. Mariano Rajoy arremetió el lunes contra esta insólita práctica acusando al Ejecutivo socialista de ser “el más autoritario de la democracia”. Según los cálculos del líder del PP, González recurrió 8 veces al veto en todo su mandato, mientras que Aznar nunca lo ejerció.
Los grupos parlamentarios, de derecha a izquierda, criticaron duramente la censura de las enmiendas contrarias a la congelación de las pensiones que impuso el Gobierno el pasado miércoles. El nuevo ministro de la Presidencia,Ramón Jáuregui, se estrenó vetando en la Comisión de Presupuestos la iniciativa conjunta de PP, CiU, ERC, IU-ICV y Grupo Mixto cuando ya había sido debatida. Una decisión polémica por la que los populares elevaron una queja a la Mesa del Congreso, así como un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
A raíz de esta denuncia, la Mesa de la Cámara reprendió este miércoles al Gobierno y le recordó que el veto debe comunicarse al Parlamento antes de que se discutan o voten las enmiendas. De acuerdo con el reglamento del Congreso, una vez que éste envía al Gobierno las enmiendas presentadas al proyecto de ley de Presupuestos, el Ejecutivo tiene 15 días para dictaminar si existe alguna iniciativa que debe retirarse. También este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, Rajoy reprochó a Zapatero que la censura a la oposición es «antidemocrática y dictatorial».
Noticia de «El Confidencial.com»